El gobierno de Estados Unidos realizó un nuevo ataque letal contra una embarcación vinculada, según su propia información, al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, dejando un saldo de cuatro personas muertas. Se trata del más reciente episodio de la campaña antidrogas que Washington mantiene desde septiembre y que ha generado creciente controversia internacional.
El operativo fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo el mando del Comando Sur (Southcom). De acuerdo con autoridades estadounidenses, la lancha atacada se desplazaba por una ruta marítima “asociada a organizaciones terroristas designadas” y habría transportado narcóticos ilícitos.
Este ataque se suma a más de una veintena de acciones similares realizadas en los últimos meses tanto en el Caribe como en el Pacífico. De acuerdo con reportes oficiales, la estrategia ya acumula más de 80 muertos, todos clasificados por EU como presuntos “narcoterroristas”.
El golpe del 4 de diciembre ocurrió en aguas internacionales, fuera de jurisdicción territorial, lo que permite a Washington operar bajo sus propias reglas de combate, aunque tales acciones han provocado tensiones diplomáticas y cuestionamientos legales.
Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido mayor transparencia en torno a los ataques, argumentando que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas concretas que confirmen que las embarcaciones destruidas pertenecen efectivamente a grupos terroristas o que representen una amenaza inmediata.
Expertos en derecho internacional han advertido que el empleo de fuerza letal en aguas internacionales podría violar normas humanitarias si no se demuestra la legitimidad de los objetivos. Pese a ello, hasta ahora la administración estadounidense ha defendido la estrategia como una medida necesaria para frenar rutas de narcotráfico consideradas de “alto riesgo”.
Mientras continúan las investigaciones sobre operativos anteriores —incluido uno que ya provocó protestas de gobiernos latinoamericanos— el nuevo ataque reafirma que la política antidrogas de Estados Unidos ha entrado en una fase mucho más agresiva, con uso de armamento avanzado y tácticas de guerra en mar abierto.
La ofensiva, aseguran analistas, podría tener repercusiones profundas en la cooperación regional, así como en la estabilidad de los corredores marítimos del Pacífico.