Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas dentro de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, en la que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal. Como medida cautelar, determinó que permanezca en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la acusación contra Aguirre se centra en su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencia clave relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La investigación sostiene que, pocos días después de la desaparición de los normalistas, el entonces gobernador habría recibido videos de vigilancia que mostraban el desplazamiento de los estudiantes y la actuación de corporaciones policiacas, material que posteriormente habría sido destruido.
La FGR basa parte de su acusación en testimonios de exfuncionarios del Poder Judicial y del gobierno estatal, quienes señalaron que existieron instrucciones para desaparecer registros audiovisuales considerados relevantes para esclarecer el caso.
La defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba con el objetivo de desacreditar la versión de la Fiscalía y argumentó que el exgobernador no ordenó la destrucción del material. Sin embargo, el juez rechazó esos elementos en esta etapa procesal.
Ángel Aguirre gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y renunció al cargo semanas después de la desaparición de los 43 normalistas, en medio de una profunda crisis política y social.
La vinculación a proceso representa uno de los avances más relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa durante los últimos años y reabre el debate sobre el papel de las autoridades estatales en el presunto encubrimiento de la desaparición de los estudiantes.
El proceso continuará en los próximos meses, mientras la FGR busca fortalecer la acusación y determinar las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados en la presunta destrucción de evidencia.