El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión privada de aproximadamente dos horas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la Casa Blanca, en un momento marcado por la creciente tensión social y política derivada de los recientes hechos violentos en Minneapolis, Minnesota.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Despacho Oval, se dio en medio de fuertes críticas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el manejo de operativos federales en esa ciudad, donde tiroteos protagonizados por agentes migratorios dejaron personas muertas y detonaron una ola de protestas y condenas públicas.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la reunión fue solicitada por Noem y contó con la presencia de altos funcionarios del entorno presidencial, incluidos asesores políticos y de comunicación. El diálogo se centró en la respuesta federal a la crisis en Minnesota, así como en la continuidad de la agenda de seguridad e inmigración del gobierno.
Pese a la presión política y a los llamados desde distintos sectores para que Noem deje el cargo, Trump ratificó su respaldo a la secretaria y descartó públicamente cualquier posibilidad de destitución. El mandatario aseguró que Noem “está haciendo un muy buen trabajo” y minimizó las versiones sobre una eventual renuncia.
La situación en Minneapolis se agravó tras la muerte de civiles durante operativos de agencias federales como ICE y la Patrulla Fronteriza, lo que provocó manifestaciones masivas, enfrentamientos con autoridades y exigencias de investigaciones independientes por el uso de la fuerza. Legisladores locales y federales han cuestionado la presencia y actuación de agentes migratorios en la ciudad.
Como parte de los ajustes tras la crisis, la administración Trump decidió reasignar el control operativo en Minnesota, colocando al llamado “zar fronterizo”, Tom Homan, al frente de las acciones en la zona, en un movimiento interpretado como un intento por reducir tensiones y reorganizar la estrategia de seguridad.
Mientras tanto, Minneapolis permanece bajo un clima de alta tensión social, con protestas activas y un debate nacional abierto sobre los límites del uso de la fuerza federal, la política migratoria y la responsabilidad política de los funcionarios involucrados.