En un operativo de alto nivel y bajo estrictas medidas de seguridad, 37 internos considerados operadores de organizaciones criminales fueron trasladados del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, hacia Estados Unidos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El traslado se realizó la mañana del martes 20 de enero de 2026, como parte de una solicitud formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado. De acuerdo con las autoridades mexicanas, los internos representaban una amenaza real para la seguridad nacional, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
El operativo contó con la participación coordinada de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades penitenciarias federales. Los reos fueron sacados del penal del Altiplano y trasladados al Aeropuerto Internacional de Toluca, desde donde abordaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas con destino a distintas ciudades de Estados Unidos.
Según información oficial, los 37 operadores fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, donde enfrentarán procesos judiciales por delitos federales relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de armas y otros ilícitos graves.
García Harfuch precisó que el traslado se realizó con apego a la Ley de Seguridad Nacional y bajo acuerdos que garantizan que ninguno de los detenidos será sometido a la pena de muerte, en cumplimiento con el marco legal y constitucional mexicano.
Este movimiento representa la tercera entrega masiva de este tipo durante la actual administración, con lo que más de 90 presuntos líderes y operadores criminales han sido enviados a Estados Unidos en los últimos meses, como parte de la estrategia conjunta para desarticular estructuras criminales transnacionales y reducir su capacidad de operación desde territorio mexicano.
El gobierno federal defendió la acción como una medida necesaria para fortalecer la seguridad y evitar que estos individuos continúen coordinando actividades delictivas desde prisión. No obstante, el traslado ha generado debate público y político, particularmente sobre el uso de estos mecanismos distintos al proceso tradicional de extradición.
Con este operativo, las autoridades estadounidenses asumirán la custodia y el procesamiento judicial de los 37 trasladados, mientras que México reafirma su compromiso de cooperación internacional en el combate al crimen organizado de alto impacto.