La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista un proyecto con el que propone eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento a una sentencia condenatoria en contra del Estado Mexicano, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También se propone que, en los casos en donde el procesado denuncie haber sido víctima de actos de tortura, éstos deberán ser investigados de manera independiente, sin la intervención de las autoridades penitenciarias, ni de las participantes en la detención.
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Si el pleno aprueba el proyecto, que podría votar entre agosto y septiembre próximos, consideraron fuentes judiciales, sus efectos serán generales, por lo que deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
Eso implicaría que no se otorguen más ordenes de arraigo, se inaplique la prisión preventiva oficiosa y sean otras autoridades u organismos los que investiguen posibles casos de tortura.