Una jueza federal rechazó la solicitud presentada por el estado de Minnesota y autoridades locales para suspender de manera inmediata las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se llevan a cabo en la región, en medio de protestas y una creciente tensión social.
La resolución fue emitida por la jueza Katherine Menendez, quien determinó que, en esta etapa inicial del proceso, el estado no logró cumplir con el estándar legal necesario para obtener una medida cautelar que frenara los operativos migratorios mientras se resuelve el litigio de fondo.
Minnesota había argumentado que el despliegue reforzado de agentes federales —conocido como Operation Metro Surge— violaba principios constitucionales, afectaba la soberanía estatal y generaba temor e inestabilidad en comunidades migrantes, particularmente en el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul.
En su fallo, la jueza reconoció la preocupación por el impacto social de las redadas, así como las denuncias sobre posibles abusos, pero aclaró que su decisión no evalúa aún la legalidad definitiva de la operación, sino únicamente si debía detenerse de manera inmediata.
Tras la resolución, autoridades estatales y municipales expresaron su decepción y reiteraron que continuarán buscando recursos legales para frenar las acciones federales. En contraste, el gobierno de Estados Unidos defendió la continuidad de las redadas al señalar que forman parte de la aplicación de la ley migratoria vigente.
Las redadas del ICE en Minnesota han provocado manifestaciones, enfrentamientos y un amplio debate nacional sobre el alcance de las políticas migratorias federales y el papel de los estados frente a estas acciones. El proceso legal continuará en tribunales, donde se analizará el fondo del caso en las próximas semanas.