La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una investigación contra un mando de seguridad de Uruapan por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de un menor de 17 años señalado como uno de los implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 2 de noviembre.
El joven, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, había sido detenido como presunto autor material del homicidio del edil. Sin embargo, de acuerdo con la fiscalía, nuevas evidencias apuntan a que fue ejecutado después de su captura, y no abatido en un enfrentamiento como se reportó inicialmente.
La FGE evalúa la actuación de un mando operativo municipal que habría ordenado la ejecución del menor durante su traslado. La investigación incluye análisis de balística, reportes de radio, posicionamiento de unidades y testimonios de los agentes involucrados.
Como parte del mismo caso, la fiscalía detuvo a seis escoltas del alcalde Manzo por presunta omisiónen sus funciones y por posibles vínculos con la ejecución del menor ya neutralizado. Autoridades no descartan que algunos de ellos hayan actuado en coordinación con el mando señalado.
Días después, dos jóvenes —uno de ellos de 16 años— fueron encontrados sin vida en la carretera Uruapan–Paracho. Según las líneas de investigación, ambos tendrían relación con Ubaldo Vidales y habrían participado en la logística del asesinato del alcalde. La fiscalía analiza si estas muertes se conectan con el mismo patrón de represalias o encubrimiento.
Las indagatorias también apuntan a la operación de grupos criminales en el asesinato de Manzo. En una audiencia reciente, autoridades confirmaron que el ataque habría sido planeado por una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría pagado hasta 2 millones de pesospor su ejecución.
Organizaciones exigen transparencia y protocolos
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) condenó la difusión de datos personales del menor y advirtió que el caso podría representar una violación grave al debido proceso. La organización llamó a evitar la criminalización de adolescentes y a garantizar una investigación independiente sobre su muerte.
La Fiscalía de Michoacán aseguró que “todas las líneas de investigación continúan abiertas” y que se determinará la responsabilidad de los agentes municipales involucrados. Mientras tanto, el caso mantiene bajo escrutinio el actuar policial en Uruapan y la posible injerencia del crimen organizado en estructuras de seguridad locales.