Por Luis Gabriel Velázquez
Sentido Común
La Fiscalía de Puebla abrió un “expediente de atención temprana” contra Guadalupe Lucero Bárcenas, exalcaldesa de Acatlán de Osorio, por su presunta relación con la delincuencia organizada.
Los regidores la acusaron de lo mismo desde la revocación de mandato. Nadie movió un dedo. Hizo falta que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, armara un mega escándalo revelando que ya le había avisado a Puebla que estaba coludida con la maña, para que a la Fiscalía le dieran ganas de abrir un fólder.
Según Jara, mientras ella gobernó asaltaban y extorsionaban a los transportistas en la carretera 190. Desde que se fue, bajaron los robos. O sea, sin querer queriendo, su renuncia fue la mejor estrategia de seguridad.
Ella continúa con su discurso, que si es víctima de amenazas, que si un explosivo en su casa que si el cabildo en su contra. Su secretario de Seguridad terminó siendo su esposo.
Lo raro es que Oaxaca avisó, los regidores denunciaron y el Congreso hasta desapareció el Ayuntamiento. Y la única respuesta de Gobernación fue ponerle escoltas.
“Haga caso omiso a los rumores”
En el informe de Lilia Cedillo, el gobernador Alejandro Armenta le dijo a la rectora, nadie la quiere quitar del cargo, haga caso omiso a los rumores. Y con eso le cerró la puerta a la grilla que rondaba el Carolino.
Porque en la BUAP los rumores aún suelen venir de los que ya se fueron y no terminan de irse, como Alfonso Esparza, el exrector al que la Auditoría Superior del Estado denunció ante la Fiscalía por el presunto desvío de recursos universitarios a los Lobos.
Nadie dice que esté detrás de nada. Pero en el Carolino, cada vez que sopla el viento, todos voltean hacia el mismo lado.
Mientras tanto, la universidad sigue en lo suyo. Y buena parte de que ese trabajo resuene, además del de la rectora, es el de Damián Hernández, el secretario general que hoy es pieza clave para que la relación entre la BUAP y el gobierno camine sin tropiezos.