El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por autoridades mexicanas por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, fue trasladado este jueves de Argentina a México a bordo de un avión de la Secretaría de Marina (Semar), luego de concluir los procedimientos necesarios para concretar su entrega.
Farías Laguna permanecía bajo custodia en Argentina desde abril, cuando fue localizado en Buenos Aires a partir de la investigación que mantienen autoridades mexicanas sobre una estructura dedicada presuntamente al ingreso y comercialización irregular de combustibles.
Tras varios meses de trámites y recursos legales, las autoridades de ambos países lograron concretar el procedimiento para que el exmando naval fuera entregado a México. Una vez que concluyeron las diligencias correspondientes, Farías Laguna fue llevado al aeropuerto para abordar la aeronave de la Marina que lo trasladará a territorio mexicano.
En México, el contralmirante es requerido por una investigación relacionada con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La indagatoria busca determinar su posible participación dentro de una estructura que habría utilizado mecanismos de contrabando para introducir combustible al país y posteriormente distribuirlo.
El caso cobró relevancia luego de que las autoridades mexicanas identificaran una red con presuntos vínculos dentro y fuera de instituciones relacionadas con el manejo y vigilancia de hidrocarburos y operaciones aduaneras.
La entrega de Farías Laguna permitirá que el procedimiento judicial en su contra continúe en México. A su llegada deberá ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.
El traslado representa además un nuevo capítulo en una investigación que ha llevado a la detención de distintos presuntos integrantes de la organización señalada por las autoridades.
Por ahora, los señalamientos contra Fernando Farías Laguna corresponden a una investigación ministerial y se mantiene vigente su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.