Tras los recientes eventos que rodean al asesinato de Carlos Manzo y la investigación en curso, circulan versiones que indican que las autoridades podrían estar emitendo una orden de búsqueda a nivel nacional contra quien habría sido su “exjefe de escoltas”, identificado únicamente como X.
La medida, según fuentes extraoficiales, se habría gestionado ante la falta de localización del presunto responsable, lo que ha generado preocupación entre investigadores y familiares.
Carlos Manzo, exedil del municipio de Uruapan, fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025. Inmediatamente se abrió una carpeta de investigación por probable crimen organizado. Entre las líneas de investigación aparecen supuestas irregularidades relacionadas con su escolta personal y vínculos con grupos delictivos —aspectos que han sido objeto de investigación desde entonces.
Según versiones dentro de la investigación, el exjefe de escoltas de Manzo habría desaparecido tras el homicidio y no pudo ser localizado en ninguna dirección registrada. Por ello, fuentes allegadas indican que se busca activamente en todo el territorio nacional, con la posibilidad de emitir ficha de búsqueda internacional si se detecta intento de migración.
Las autoridades analizan si el exjefe de escoltas pudo estar involucrado directamente en el asesinato —como mando operativo o coordinador logístico— o si, por el contrario, habría actuado como facilitador o encubridor. En cualquiera de los dos escenarios, su participación lo coloca bajo posibles cargos de homicidio, complicidad, omisión, y relación con crimen organizado.
La fiscalía responsable evalúa emitir orden formal de aprehensión en cuanto se confirme su paradero, con el fin de garantizar que enfrente la justicia y colabore con las investigaciones.
La localización de este exfuncionario es clave: su testimonio podría aportar datos valiosos sobre la cadena de mando, eventos previos al asesinato, y posibles autores materiales o intelectuales. Su paradero actual, sin embargo —desconocido— —complica el avance de la investigación y mantiene en vilo a familiares y la comunidad de Uruapan.