El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación penal contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y delitos relacionados con armamento ilegal.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario estatal y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones criminales a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación señala presuntas conspiraciones para introducir drogas a territorio estadounidense, así como posesión y acuerdos para manejar armas de alto poder, incluidas ametralladoras y explosivos.
Entre los nombres mencionados también figuran otros actores políticos y de seguridad pública del estado, lo que ha generado una fuerte sacudida política tanto en México como en Estados Unidos.
Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso, ya que se trata de una acusación formal cuya evolución dependerá de órdenes judiciales, posibles solicitudes de extradición y comparecencias futuras.
Ni Rocha Moya ni el gobierno estatal habían emitido una postura oficial amplia al cierre de los primeros reportes.
El caso podría convertirse en uno de los episodios binacionales más delicados de los últimos años, al involucrar a un gobernador en funciones señalado por autoridades estadounidenses por presunta colaboración con el crimen organizado.