Ciudad de México — El Senado de la República designó este miércoles a Ernestina Godoy Ramos como la nueva Fiscal General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Godoy obtuvo 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, asegurando así su ratificación formal al frente de la Fiscalía.
Trayectoria profesional
Ernestina Godoy es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito jurídico y público. Entre sus cargos destacan:
- Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (2020-2024).
- Consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
- Encargada de despacho interina de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero.
Su nombramiento refleja un perfil con conocimiento profundo del sistema de procuración de justicia y experiencia en la coordinación con diferentes niveles de gobierno.
En su intervención ante el Senado, Godoy prometió conducir la Fiscalía con ética, firmeza y respeto a la ley, garantizando que no se fabricarán culpables ni se perseguirá a opositores políticos. Entre sus prioridades mencionó:
- Combatir la corrupción y delitos de alto impacto.
- Mantener coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, preservando la autonomía institucional.
- Garantizar justicia imparcial y transparente, con especial atención a los derechos humanos.
La designación de Godoy no estuvo exenta de críticas. Sectores de la oposición y analistas alertan sobre su cercanía política con la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando posibles riesgos para la independencia de la Fiscalía. Sin embargo, sus defensores destacan su trayectoria y preparación, considerando que puede liderar una transición ordenada y efectiva en la procuración de justicia federal.
Ernestina Godoy asumirá un periodo de nueve años al frente de la FGR, responsable de investigaciones federales y coordinación con distintas instancias del país. Su gestión será observada de cerca por la ciudadanía y la comunidad internacional, en especial por su capacidad para garantizar justicia imparcial, transparencia y eficacia en casos de alto impacto.