Un juez federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, como parte de la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de huachicol fiscal.
La medida cautelar fue impuesta al término de una audiencia inicial que se prolongó por cerca de 40 horas, en la que el Ministerio Público Federal presentó decenas de datos de prueba para sustentar las acusaciones en contra del exmandatario y de otros implicados en el caso.
Además de Ruffo Appel, la jueza determinó la misma medida para otros presuntos integrantes de la organización investigada. De acuerdo con la FGR, cinco de los imputados permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, mientras que dos personas obtuvieron prisión domiciliaria por motivos de salud y una mujer fue enviada a un penal estatal en el Estado de México.
La investigación federal señala que los acusados habrían participado en una red dedicada al ingreso ilegal de combustibles al país mediante esquemas de evasión fiscal y contrabando. El caso está relacionado con el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos y diversos autotanques durante operativos realizados en 2025, considerados entre los mayores decomisos de combustible ilegal en México.
Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, ha rechazado las acusaciones y sostiene que demostrará su inocencia durante el proceso judicial. Por su parte, integrantes del Partido Acción Nacional han denunciado una presunta persecución política, mientras que el Gobierno federal ha insistido en que el caso deriva exclusivamente de una investigación ministerial.
La audiencia para definir si el exgobernador y el resto de los imputados serán vinculados a proceso continuará en los próximos días, una vez que el juez analice las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Mientras tanto, todos los acusados permanecerán sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, respetándose el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.