El municipio de Tochtepec se encuentra en el ojo del huracán tras la presentación de una denuncia penal formal en contra del exalcalde Marcos Pérez Calderón, quien gobernó la demarcación en el periodo 2014-2018.
Las actuales autoridades municipales acudieron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para exigir una investigación a fondo por delitos graves que incluyen peculado (desvío de dinero público), abuso de autoridad y robo.
La acusación surge luego de que las revisiones de las cuentas pasadas revelaran un desorden financiero que afecta directamente el dinero de los ciudadanos.
El principal golpe a las finanzas del municipio es una enorme deuda histórica con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que supera los 8.5 millones de pesos.
Según la denuncia, el gobierno del exalcalde le descontaba los impuestos correspondientes a los trabajadores del Ayuntamiento, pero en lugar de entregar ese dinero a Hacienda, el recurso simplemente desapareció.
Esta grave omisión obligó a las administraciones posteriores a realizar drásticos recortes y ajustes en sus presupuestos para pagarle al SAT, lo que ha frenado la creación de obras públicas y la mejora de servicios comunitarios en la región.
Por si fuera poco, las autoridades señalaron que la gestión de Pérez Calderón “borró del mapa” una flotilla de vehículos oficiales. Al revisar los inventarios, se descubrió que al menos siete vehículos —entre ellos camionetas tipo Ram, Silverado y un auto Jetta que el Gobierno del Estado había prestado al municipio— nunca fueron devueltos.
El caso más descarado es el de un camión recolector de basura seminuevo, comprado con recursos federales por más de un millón de pesos, el cual desapareció por completo y presuntamente se quedó en manos del exedil.
La investigación también sacó a la luz que la administración señalada no dejó rastro de los documentos más importantes del municipio.
Libros de actas, organigramas, presupuestos de ingresos y egresos de cinco años, y hasta el padrón de los usuarios que pagan por el servicio de agua potable fueron escondidos o entregados en blanco.
Los denunciantes recordaron que estos papeles son propiedad pública y no un archivo personal, por lo que ocultarlos dificulta saber con claridad en qué se gastaron los recursos de la gente.