El gobierno español aprobó recientemente una ley que permite el acceso al aborto y al cambio de sexo para personas de 16 años en adelante sin necesidad de autorización paterna ni exámenes médicos o psicológicos. Esta decisión ha sido recibida con controversia por grupos conservadores y religiosos, mientras que ha sido aplaudida por organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Según datos del Ministerio de Sanidad español, en 2020 se realizaron en el país un total de 99.149 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone una tasa de 10,97 abortos por cada 1.000 mujeres. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el número de abortos en España, que ha ido disminuyendo en los últimos años.
Por otro lado, el cambio de sexo también ha sido objeto de debate en España, y se estima que alrededor de 5.000 personas han solicitado el cambio registral de género desde que se aprobó la ley de identidad de género en 2007. Esta ley establece que cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar el cambio de género en el Registro Civil sin necesidad de un diagnóstico médico o psicológico previo, aunque se requiere un informe médico que acredite que la persona ha recibido tratamiento para la reasignación de género.