El denominado “Plan B” en materia electoral continúa avanzando en el país, luego de que ya fue aprobado por al menos 17 congresos estatales, con lo que se acerca al umbral necesario para su validación a nivel nacional.
El paquete de reformas, impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un amplio debate político y jurídico debido a los cambios que plantea en la estructura y funcionamiento del sistema electoral mexicano.
Para que una reforma de carácter constitucional sea válida, se requiere el aval de al menos 17 congresos locales, por lo que con esta cifra el proceso entra en su fase final antes de su eventual promulgación.
Entre los puntos más relevantes del “Plan B” se encuentran modificaciones en la operación del Instituto Nacional Electoral, así como ajustes en materia administrativa, presupuestal y de organización de elecciones.
El avance de la reforma ha sido respaldado por legisladores afines al oficialismo, quienes aseguran que permitirá optimizar recursos y hacer más eficiente el sistema electoral. En contraste, sectores de oposición han advertido posibles riesgos para la autonomía electoral y la equidad en los procesos democráticos.
Se prevé que en los próximos días se formalice el cómputo de las aprobaciones estatales y se continúe con el proceso legislativo correspondiente para su entrada en vigor.