Michoacán vive una nueva oleada de inconformidad social luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante un evento público por las celebraciones del Día de Muertos. El homicidio, perpetrado mientras el funcionario se encontraba rodeado de ciudadanos en la plaza principal del municipio, ha desatado una serie de manifestaciones que ya se han extendido a la capital del estado.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que Manzo contaba con escoltas desde diciembre de 2024 y con un refuerzo adicional desde mayo de 2025, pero los agresores aprovecharon el evento masivo para atacarlo, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la eficacia del resguardo oficial.
El domingo posterior al asesinato, cientos de personas se movilizaron en Morelia para exigir justicia. Aunque la marcha inició de manera pacífica, un grupo de manifestantes ingresó con violencia al Palacio de Gobierno de Michoacán, ocasionando daños a mobiliario, puertas y ventanales. La fiscalía estatal confirmó que al menos ocho personas fueron detenidas por estos actos vandálicos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó públicamente el asesinato y aseguró que no habrá impunidad. A su vez, el gobierno estatal anunció el refuerzo de seguridad en Uruapan y municipios aledaños mientras continúan las investigaciones.
El caso sigue en manos de la Fiscalía de Michoacán y de autoridades federales, quienes no descartan que el homicidio esté relacionado con el crimen organizado, ya que Uruapan es una de las zonas con mayor disputa territorial entre grupos delictivos y con una larga historia de violencia política ligada al control económico del aguacate.
Mientras tanto, la exigencia de justicia para Carlos Manzo se ha convertido en un nuevo símbolo del hartazgo social frente a la violencia política en México.