Más de 30 países se han coordinado en un frente diplomático internacional para exigir que Israel rinda cuentas por presuntas violaciones al derecho internacional en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados. México figura entre los estados participantes en este esfuerzo, que busca pasar de los discursos a medidas concretas.
El plan fue impulsado por el llamado Hague Group, que celebró en julio la Emergency Conference on Palestine en Bogotá, Colombia.
En esa cumbre, al menos 30 países debatieron estrategias comunes y 12 de ellos firmaron un acuerdo con seis compromisos clave: limitar transferencias de armas y suministros militares hacia Israel, restringir el tránsito de buques armados, revisar contratos públicos para evitar vínculos con empresas que apoyen la ocupación, aplicar jurisdicción universal a crímenes graves, respaldar investigaciones imparciales y bloquear servicios logísticos a transportes con fines militares.
México asistió a la conferencia y previamente ya había solicitado intervenir en el caso que Sudáfrica lleva ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), relacionado con acusaciones de genocidio. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reforzado esta postura al reconocer oficialmente al embajador palestino y pedir el cese de las hostilidades en Gaza.
Aunque el plan no es vinculante, representa uno de los intentos más organizados hasta ahora para frenar lo que varios gobiernos califican como “impunidad” de Israel. Expertos advierten que su eficacia dependerá de la voluntad política de cada nación y de la cooperación internacional más amplia.