Seis funcionarios del municipio de Izúcar de Matamoros, incluyendo cinco policías y un juez, fueron vinculados a un proceso penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad cometidos contra dos periodistas y activistas.
La juez Lidia Alonso Sánchez validó un total de 103 pruebas presentadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando los periodistas y activistas fueron detenidos arbitrariamente, llevados a los separos y sometidos a tocamientos lascivos, obligados a desvestirse y hacer sentadillas sin ropa.
La agente del MP aseguró que los agentes de seguridad pública se burlaron de las periodistas y les pidieron el pago de una multa de mil 900 pesos por haber dañado el mobiliario urbano.
La defensa de los servidores públicos presentó 13 pruebas, enfocadas en defender a la Comuna que dirige la alcaldesa Irene Olea Torres.
La juez determinó que los funcionarios seguirán el juicio en libertad. Este caso ha generado indignación y preocupación por la violación de los derechos humanos y la libertad de expresión en México.
