La intervención del Estado debe realizarse en coordinación con autoridades indígenas de la comunidad, señalaron defensores de derechos humanos.
Después de que integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) orquestaron un ataque con explosivos arrojados desde drones contra la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, Michoacán, un grupo de activistas lanzó un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de la población.
Las recientes embestidas del grupo criminal iniciaron el 1 de julio, cuando sus miembros atacaron los puntos de vigilancia establecidos por la Guardia Comunal de Santa María Ostula. Dos días más tarde, las agresiones se perpetraron con drones y armamento de grueso calibre.
La Guardia Comunal, así como la Asamblea Comunitaria, han mantenido desde 2009 un proceso de recuperación y resistencia para evitar que el crimen organizado vuelva a apoderarse del territorio de Ostula, en la costa de Michoacán.
“Ostula es una comunidad de refugio para familias que tienen que salir desplazadas por la violencia en la región, también han desarrollado planes para el manejo de su territorio que involucran proyectos productivos como la papaya y de protección al medio ambiente para la tortuga que desova en sus playas”, puede leerse en un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’.
La asociación, al igual que lo han hecho miembros de la comunidad indígena Nahua, señaló que la violencia en la región se ha agudizado en los últimos meses “por el intento de los cárteles para tomar uno de los poblados que integran la comunidad”.
Frente a esta situación, calificaron como algo urgente “la intervención del Estado para garantizar condiciones de seguridad” en coordinación con las autoridades indígenas de la comunidad, de manera que no haya ninguna criminalización de sus derechos o afectación a su autonomía.
De manera similar, horas después de que ocurriera el ataque con drones, la Comisión de Comunicación de Ostula compartió un boletín en el que se solicitó a autoridades de los tres niveles de gobierno “la actuación inmediata y enérgica para proteger a nuestra población y desactivar la embestida del CJNG en contra de nuestra comunidad”.
Aunado a ello, exigieron un cese a la protección que presuntamente recibe el cártel de las cuatro letras de “funcionarios y mandos militares corruptos”.
Por otro lado, el fotógrafo y periodista independiente Heriberto Paredes, presente en el lugar de los hechos, reportó que los ataques con explosivos ocurrieron cuando había niñas y niños jugando en el exterior de las casas y las familias se preparaban para una fiesta por el fin de curso. Acorde con su testimonio, un operativo de 10 unidades de la Secretaría de Marina llegó a la comunidad hasta la mañana del 4 de julio, pero no emprendieron acciones inmediatas para contrarrestar los ataques del grupo criminal.