En Puebla, la violencia institucional podría ser reconocida y sancionada con prisión de hasta ocho años y multa de hasta 162 mil pesos, a propuesta de la diputada local Lizette Minto García.
La iniciativa presentada ante el Congreso de Puebla consiste en adicionar la fracción XLI al artículo 421 y reformar el artículo 423 del Código Penal del estado, en materia de violencia institucional.
En la ley se establecerá que comete el delito de violencia institucional, quien realice cualquier acto que dé origen, propicie o tenga como fin obstaculizar, impedir o imposibilitar el acceso a los medios de justicia y goce de las garantías judiciales de las víctimas.
Omita realizar las acciones que le competen; ejecute conductas de intimidación, manipulación o realice comentarios o acciones que, perpetuando los estereotipos de género, propicien la inhibición de la voluntad de las víctimas para ejercer sus garantías judiciales o utilizar los medios y mecanismos de acceso a la justicia.