Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó la reforma en el cual se estipula como delito de fraude comercializar vacunas falsas contra el Covid-19, adulteradas o no autorizadas por autoridades federales.
Este delito podría tener sanciones de 5 hasta 7 años de prisión. En el caso del personal médico que se vea involucrado en este acto, se suspenderá la cédula profesional por 10 años.
La propuesta fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Posteriormente, será publicada en el Diario Oficial del Estado.