Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y obstrucción de la justicia, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La medida fue dictada durante la audiencia inicial celebrada tras su detención, realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que el exmandatario habría ordenado la destrucción de videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la investigación, esos videos registraban el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios de los normalistas, era interceptado por policías municipales y estatales. La FGR considera que la desaparición de ese material impidió reconstruir parte de los hechos y obstaculizó el esclarecimiento del caso.
La acusación se basa en nuevos testimonios recabados en 2026, entre ellos el de un testigo protegido que señaló directamente a Aguirre como presunto responsable de encubrir evidencia relevante para la investigación.
Durante la audiencia, el exgobernador rechazó las acusaciones y aseguró que enfrenta el proceso con tranquilidad. “Tengo mi corazón muy tranquilo”, declaró al salir de la diligencia judicial.
El juez determinó que Aguirre permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, mientras se desarrolla el proceso penal y se define si es vinculado a proceso.
La detención del exgobernador representa uno de los movimientos judiciales más relevantes en el caso Ayotzinapa desde el proceso abierto contra el exprocurador Jesús Murillo Karam. A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin resolverse plenamente y solo tres de los normalistas han sido identificados mediante restos óseos, mientras que el paradero del resto permanece desconocido.