El gobierno de Honduras concretó la venta de su avión presidencial luego de que una empresa mexicana ganara la subasta internacional para adquirir la aeronave oficial utilizada durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, un bien que durante los últimos años fue señalado por las autoridades hondureñas como un símbolo de corrupción y derroche de recursos públicos.
La aeronave, un Embraer Legacy 600, fue puesta a la venta por el gobierno hondureño como parte de una estrategia para desprenderse de activos considerados innecesarios y obtener recursos para proyectos prioritarios. El proceso se realizó mediante una subasta pública internacional en la que participaron compañías nacionales y extranjeras interesadas en adquirir el jet ejecutivo.
Tras la evaluación de las propuestas económicas y técnicas, la oferta presentada por una firma mexicana fue declarada ganadora, con lo que se concretó la venta de uno de los bienes más polémicos heredados por administraciones anteriores.
El avión fue adquirido en 2014 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández con fondos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional. Desde entonces, la compra estuvo rodeada de cuestionamientos y fue objeto de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con su adquisición y el uso de recursos públicos.
Con la llegada de una nueva administración, el aparato fue catalogado como un ejemplo de los excesos cometidos por gobiernos anteriores, por lo que se impulsó su venta como una medida para reducir gastos y enviar un mensaje de austeridad en el manejo de los recursos del Estado.
Autoridades hondureñas señalaron que diversas empresas realizaron inspecciones previas a la aeronave antes de presentar sus ofertas, lo que permitió desarrollar un proceso competitivo para determinar al comprador final.
Aunque no se han dado a conocer todos los detalles financieros de la operación, el gobierno aseguró que la subasta se realizó bajo mecanismos de transparencia y conforme a la legislación vigente.
La venta del avión presidencial representa el cierre de un capítulo que durante años estuvo vinculado a investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y al debate sobre el uso de recursos públicos en Honduras. Mientras tanto, los recursos obtenidos por la transacción serán destinados a programas y proyectos definidos por la administración hondureña.