Un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) permitió el aseguramiento de 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina que eran transportados de manera ilegal en el estado de Colima. Durante la acción también fue detenido el conductor del vehículo en el que viajaba el cargamento.
El aseguramiento se realizó en un puesto de revisión instalado en la comunidad de Estapilla, en el municipio de Colima, donde elementos militares inspeccionaron una unidad que transportaba cinco cajas de cartón y tres costales con los huevos, cuyo origen fue ubicado en el estado de Michoacán.
Tras confirmar que se trataba de huevos de tortuga marina, una especie protegida por la legislación ambiental mexicana, las autoridades procedieron a decomisar el cargamento y detener al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica por posibles delitos contra la biodiversidad.
Personal de la Profepa realizó el conteo oficial de los huevos y elaboró el dictamen técnico correspondiente. Como parte de las acciones para proteger la especie, el organismo recomendó trasladar de inmediato el cargamento a un campamento tortuguero autorizado con la finalidad de sembrar los huevos e intentar que continúen su proceso de incubación.
No obstante, las autoridades señalaron que se desconoce cuánto tiempo permanecieron fuera de su entorno natural y las condiciones en las que fueron transportados, por lo que no es posible garantizar que los embriones logren desarrollarse y eclosionar.
Las tortugas marinas se encuentran protegidas por la legislación mexicana, por lo que la captura, posesión, transporte y comercialización de sus huevos constituye un delito federal. El tráfico ilegal de estos productos representa una de las principales amenazas para la conservación de la especie, ya que afecta directamente su reproducción y supervivencia.
Con este aseguramiento, las autoridades federales reiteraron su compromiso de reforzar los operativos para combatir los delitos ambientales y frenar el tráfico ilegal de especies protegidas, una actividad que continúa poniendo en riesgo la biodiversidad del país.