La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como parte de las investigaciones abiertas tras las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
La comparecencia ocurre luego de que fiscales estadounidenses presentaran señalamientos ante una corte federal de Nueva York donde presuntamente relacionan a Rocha Moya con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, existiría una presunta red de protección política y operativa vinculada con integrantes del crimen organizado a cambio de apoyo económico y respaldo electoral.
La FGR informó que la declaración forma parte de las diligencias iniciadas para revisar la información enviada por autoridades estadounidenses y determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso de investigación en México.
Rubén Rocha Moya deberá rendir una entrevista ministerial junto con otros exfuncionarios y actores políticos relacionados con el caso.
El gobernador con licencia ha rechazado públicamente las acusaciones y aseguró que no mantiene ningún vínculo con organizaciones criminales, además de señalar que los señalamientos carecen de pruebas sólidas.
La investigación provocó tensión política debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que tendría un caso de este nivel dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Autoridades federales mexicanas señalaron que continuarán analizando el expediente enviado por el Departamento de Justicia estadounidense antes de determinar posibles acciones legales adicionales.
El caso también abrió un debate sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y de gobierno, especialmente en entidades golpeadas por la violencia del narcotráfico como Sinaloa.
Mientras continúan las investigaciones, la FGR mantiene abiertas varias líneas de indagatoria relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales que operan en el norte del país.