La Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que advierte a la población sobre la presencia de personas que se hacen pasar de manera fraudulenta por sacerdotes en la comunidad de San Pedro, ubicada en la junta auxiliar de Benito Juárez, perteneciente a la parroquia de San Jerónimo Coyula, en el municipio de Atlixco.
De acuerdo con la autoridad eclesiástica, se ha identificado a un grupo de individuos que, sin pertenecer a la Iglesia Católica ni contar con licencias ministeriales o reconocimiento oficial, se ostentan como ministros religiosos. Incluso, se informó que entre ellos se presentan como un supuesto obispo, dos sacerdotes y un diácono, quienes han sido vistos realizando actos de culto y participando en procesiones.
La situación se agrava, según el comunicado, porque al menos uno de estos individuos estaría ocupando de manera indebida el templo católico de San Pedro. La Arquidiócesis señaló que esta acción constituye una violación al marco legal vigente, ya que los templos destinados al culto público forman parte del patrimonio federal y su administración corresponde exclusivamente a la asociación religiosa titular.
Asimismo, se advirtió que la simulación de actos religiosos por personas no autorizadas podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales, conforme a lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
La Arquidiócesis fue enfática al declarar que todos los actos sacramentales realizados por estas personas —como bautismos, confirmaciones, matrimonios o celebraciones eucarísticas— carecen de validez canónica y no tienen reconocimiento legal. De igual forma, cualquier documento emitido por estos supuestos ministros no cuenta con validez oficial.
Ante esta situación, la Iglesia católica hizo un llamado a la población a no participar en dichas actividades y a acudir únicamente a las parroquias reconocidas para recibir servicios religiosos.
Finalmente, se informó que la Arquidiócesis de Puebla ya inició acciones legales para recuperar el inmueble y garantizar el orden jurídico, además de implementar medidas pastorales para proteger la fe y la vida sacramental de los fieles.