La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una ley de amnistía general que permitiría la liberación de cientos de presos políticos detenidos en el país desde finales de la década de 1990, en lo que calificó como un paso para la “reconciliación nacional”.
El anuncio fue realizado durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde Rodríguez informó que la propuesta será enviada con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para su discusión y eventual aprobación.
De acuerdo con la funcionaria, la amnistía abarcaría a personas encarceladas por hechos relacionados con la confrontación política, aunque excluiría delitos graves como homicidio, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Señaló que la iniciativa busca “cerrar ciclos de violencia” y atender una deuda histórica con las familias de los detenidos.
El anuncio ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones parciales que comenzó a inicios de 2026. Mientras el gobierno asegura que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones no gubernamentales como Foro Penalmanejan cifras menores y estiman que más de 700 personas continúan privadas de la libertad por motivos políticos.
Rodríguez también informó que el centro de detención El Helicoide, señalado por organismos internacionales como un lugar de reclusión con graves denuncias de violaciones a derechos humanos, será transformado en un espacio social, cultural y deportivo, como parte de las medidas anunciadas.
La reacción ha sido inmediata. Familiares de presos políticos recibieron la noticia con expectativa y cautela, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que la amnistía sea aplicada con transparencia y garantías jurídicas. Por su parte, sectores de la oposición sostienen que la medida responde a presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, y reiteraron que la liberación de los presos debe ser incondicional.
La eventual aprobación de la ley marcaría un hecho relevante en el escenario político venezolano, tras años de denuncias por detenciones arbitrarias y llamados de la comunidad internacional para liberar a los presos por razones políticas.