-Propone capacitar a las autoridades y crear conciencia de cumplimiento entre estudiantes.
Para que la rendición de cuentas sea una parte medular del ejercicio del poder, el especialista en auditoría Román Sánchez Zamora propuso acercar estos criterios a los distintos niveles de gobierno, en especial a los municipios porque en ocasiones alegando desconocimiento se incumplen las normativas básicas.
En entrevista con diversos medios de comunicación, detalló que si una comunidad conoce el monto económico asignado a la autoridades en determinado territorio, los planes de desarrollo y la relación costo, beneficio y calidad, entonces la población estará satisfecha y ello abonará a generar mejores condiciones de vida.
Asimismo, el doctor en Administración Pública externó la necesidad de que esta formación se haga extensiva a los menores de edad de escuelas de educación básica, quienes en el futuro tendrán en sus manos la responsabilidad de encabezar sus municipios.
También expuso que cuando la superficie del territorio es pequeña al igual que la densidad de población, los ayuntamientos no captan suficientes recursos económicos para contar con un especialista que contribuya a la transparencia y la difusión de estos beneficios entre la gente por lo que propuso un acuerdo intermunicipal que reduzca costos pero que cumpla con esa importante función.
El doctor Sánchez Zamora ha publicado decenas de libros donde ha hecho investigaciones desde el índice de percepción de la corrupción hasta temas de rendición de cuentas, mismos a los que se puede acceder de manera gratuita casi en su totalidad.
Finalmente, el académico universitario dijo que ningún sujeto obligado puede alegar desconocimiento o la regla de usos y costumbres de una comunidad para no reportar el ejercicio del poder. Nadie puede violentar el Artículo 6 Constitucional por usos y costumbres -reiteró-.
“Todos los entes y servidores públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada Persona Servidora Pública, en el marco del respeto a los derechos humanos, la buena administración pública y la perspectiva de género”.